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   El Gobierno ha subrayado que, entre las acciones competencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se encuentra “la reducción del número de personas con discapacidad que viven en entornos institucionalizados”, de acuerdo con lo previsto en “la estrategia integral para la desinstitucionalización para el impulso de la vida independiente y priorizando los servicios y apoyos en la comunidad”.