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   La institución del Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio con las administraciones competentes en materia social de todas las comunidades autónomas, además de con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para conocer los posibles casos de explotación sexual de menores tutelados que se hubieran detectado en cada territorio, así como, en tal supuesto, las medidas específicas de protección adoptadas con respecto a los afectados.